¿Te has preguntado alguna vez qué hace a un rompecabezas especial? ¿Qué sentido tendría si le faltaran partes clave de su estructura? imagino que para un niño no existiría una razón válida para emocionarse por algo a lo que alteraron tras quitarle la pieza que probablemente escondía la parte más interesante, al contrario, estaría muy preocupado buscando una respuesta que pueda quitar su inquietud.
Si aterrizamos la idea a la realidad, y no la limitamos solo a un niño, la pregunta se vuelve mucho más dolorosa: ¿Qué haría sonreír a una familia? ¿Cómo se sentiría mirarnos a la cara y decir: “nos falta una pieza”, “estamos incompletos” o ¨nos falta uno¨? Les puedo asegurar que es un sentimiento que nadie desearía experimentar.
La verdad es que, ya no nos falta uno. Nos faltan cientos, miles, millones. El sistema falla diariamente al no brindarnos respuestas sobre tantas vidas, tantos talentos y tantos sueños interrumpidos. Personas que quisieron ser actrices, llevar un título universitario a sus hogares o hacer realidad ese pequeño food truck con el que soñaban emprender; anhelos que hoy, tal vez, nunca podrán materializarse.
Años atrás, mi familia también vivió en carne propia el dolor de una desaparición. Uno de nuestros familiares abordó una yola con destino a Puerto Rico, impulsado por la esperanza de construir un futuro mejor y alcanzar los sueños que tanto anhelaba. Partió llevando consigo ilusiones, proyectos y la promesa de una vida distinta. Sin embargo, esa tripulación nunca llego a su destino. Tomó un bote rumbo a sus sueños, pero él nunca pudo verlos hacerse realidad, y nosotros tampoco tuvimos la oportunidad de acompañarlo en ese camino ni de verlo cumplirlos. Desde entonces, su ausencia ha dejado preguntas sin respuesta, un vacío imposible de llenar y una espera que, con el paso de los años, nunca ha desaparecido por completo.
En América Latina, la problemática de las desapariciones— ya sea en contextos de migración, desaparición forzada, trata de personas, conflictos armados o violencia criminal— continúa lacerando profundamente a numerosas naciones. Se trata de una crisis humanitaria que trasciende fronteras y que deja a miles de familias atrapadas entre la incertidumbre, el dolor y la búsqueda incesante de respuestas. La magnitud del fenómeno ha llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a otros organismos internacionales a exigir acciones urgentes de los Estados frente a los alarmantes niveles de impunidad que persisten en la región.
En el caso particular de la República Dominicana, la crisis de las desapariciones ha desnudado la necesidad imperante de fortalecer y eficientizar los sistemas de búsqueda, así como de establecer un registro nacional unificado. Recientemente, el Senado de la República aprobó en segunda lectura— y con modificaciones— el proyecto de ley que crea la Alerta Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas. En un camino históricamente lleno de baches, este paso representa un avance significativo para la seguridad ciudadana.
Sin embargo, aunque el proceso legislativo avance de manera satisfactoria y represente un esfuerzo genuino por fortalecer la seguridad nacional y modernizar el marco normativo del país, la falta de credibilidad en las instituciones continúa siendo una realidad difícil de ignorar.
Reconstruir una cultura de confianza tomará tiempo y la raíz de esto no radica necesariamente en quiénes ocupan los cargos públicos hoy en día, sino en la forma en que históricamente se ha ejercido el poder y la falta de ejecución de iniciativas que busquen erradicar esta crisis desde la raíz.
Casos como el del joven Anaury Castillo, el niño Roldanis Calderón, entre muchos otros más son el ejemplo de que el mal manejo de los casos de desaparición en el país ha sido, durante años, un vicio estructural en la administración del Estado. Ese fracaso se refleja hoy en el rostro de cada madre que no ha vuelto a abrazar a su hijo, y en el vacío de cada aula donde un niño o niña jamás volverá a jugar.
Es importante entender que la problemática de las desapariciones no afecta únicamente a las familias y allegados que atraviesan esa experiencia. De una u otra forma, nos afecta a todos como sociedad. Hoy, salir a las calles implica para muchos un ejercicio constante de precaución. Más allá de los debates sobre la situación económica, política o social del país, existe una preocupación mucho más básica y humana: regresar a casa sano y salvo. Esa aspiración, que debería ser una certeza para cualquier ciudadano, se convierte en una inquietud cuando las desapariciones se repiten y las respuestas son insuficientes. Por ello, este no es un problema ajeno ni exclusivo de quienes buscan a un ser querido; es una cuestión que interpela a toda la sociedad, porque la seguridad, la vida y la dignidad de las personas constituyen responsabilidades colectivas que no pueden ser ignoradas.
Es un flagelo que se manifiesta en la desconfianza de una ciudadanía que, frente a la incertidumbre, observa cómo las respuestas llegan tarde o nunca llegan. Mientras las investigaciones se dilatan y los expedientes se acumulan, el dolor de las familias permanece intacto, convirtiéndose en una herida abierta que interpela la capacidad de los Estados para garantizar la protección de la vida, la seguridad de las personas y el derecho fundamental a la verdad y la justicia.
Detrás de cada persona desaparecida existe una familia que espera, una comunidad que sufre y una deuda de justicia que continúa pendiente. Por ello, abordar esta problemática no solo implica fortalecer los mecanismos de búsqueda e investigación, sino también reconocer el derecho de las víctimas y sus familiares a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición.
Aún quedan muchas preguntas sin contestar, demasiados casos sin resolver y cientos de familias que esperan ser completadas, incluso cuando el tiempo y el silencio institucional casi les han arrebatado la esperanza.
